La farmacéutica también pretendía que se anularan las multas al considerar que no existían pruebas de la comisión de esas infracciones. Según la sala,  las actuaciones inspectoras comenzaron en abril de 2014 tras recibirse en la administración regional un escrito de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre el desabastecimiento que había detectado en un grupo de medicamentos.

Según explica la agencia EFE, al realizarse una inspección de ventas en esta compañía, se comprobó que las salidas de su sistema informático no coincidían con las facturadas por receta pública o privada. El expediente recogía que “no se comprende que si se analiza la dispensación de 20 medicamentos con receta, luego solo figure en el sistema informático la compra de 133 unidades en los almacenes de la farmacéutica.”

Al desestimar el recurso, la sala dice que los hechos por los que se impusieron las multas están acreditados y que es indubitada la distribución de un número de unidades de medicamento sin justificar su dispensación, por lo que el tribunal concluye en que la compañía farmacéutica las suministró o vendió medicamente a entidades no autorizadas”. Los miembros del tribunal subrayan que la sentencia es firme y que no cabe recurso contra ella.