Las embarazadas pueden perder al feto por listeria.

Todas las embarazadas con sospecha de listeria por haber consumido alguno de los productos que han dado lugar al brote deben recibir tratamiento antibiótico. Así lo establece el nuevo protocolo de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, aprobado después de que se confirmen al menos 6 casos de aborto relacionados con la alerta alimentaria provocada por la empresa sevillana Magrudis.

Según ha explicado la Consejería, el protocolo previo contemplaba la administración de antibióticos a las embarazadas que presentaran síntomas de listeriosis. Ahora, se amplía la recomendación a todas aquellas embarazadas con sospecha de listeria por haber estado expuestas al alimento contaminado. El objetivo es reducir el riesgo real de pérdida del embarazo, así como la infección del recién nacido.

Este nuevo protocolo para embarazadas con sospecha de listeria se ha difundido ya entre los profesionales andaluces. Sobre todo, entre médicos de familia y ginecólogos, tanto de la sanidad pública como privada. Estos sanitarios se encargarán de contactar con las mujeres a su cargo para recomendar tratamiento con amoxicilina a las que encajen en los criterios establecidos. Este tratamiento es eficaz y seguro, según el portavoz del gabinete técnico de seguimiento del brote de listeriosis, José Miguel Cisneros.

Este nuevo protocolo está avalado por 8 sociedades científicas. Por un lado, la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO), la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología (SAMPAC), la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC) y la Sociedad Andaluza de Epidemiología (SAEPI). También la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública (SAMPSP), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG) y la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas (SAEI).

Revisión de protocolos

La Consejería andaluza ha puesto en marcha un grupo asesor para revisar los protocolos ante posibles alertas o crisis alimentarias. Este miércoles ha tenido la primera reunión, a la que han asistido expertos en Seguridad Alimentaria de las Universidades de Córdoba y Granada. También participaron representantes de los consejos andaluces de Colegios de Farmacéuticos y Veterinarios, la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva, la Sociedad Andaluza de Epidemiología y personal técnico de la propia Consejería, el Servicio Andaluz de Salud y de las distintas delegaciones territoriales.

“Nuestro objetivo prioritario de proteger a la población en materia de Salud Pública”, ha señalado la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García.

El brote de listeriosis ha afectado a más de 210 personas. En concreto, hay 213 casos confirmados, 3 muertes y, al menos, 6 abortos, tal y como recoge EFE. Para el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Pere Godoy, dicho brote se ha debido a un “fallo clamoroso” en una empresa concreta. Por su parte, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha dicho este jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso que los casos están remitiendo, aunque se espera un pequeño goteo en los próximos días.

En su comparecencia, la responsable ha asegurado que una de las prioridades a la hora de gestionar el brote ha sido ofrecer información actualizada a la ciudadanía. Al hilo, ha asegurado que la Junta de Andalucía comunicó oficialmente el brote el 16 de agosto. Entonces, su departamento activó la alerta inmediatamente a través de las 2 redes nacionales que existen. La primera, el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida. En segundo lugar, el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. El 20 de agosto se comunicó la alerta a los sistemas internacionales.

Competencias autonómicas

“La red nacional de alertas ha estado vigilante y ha trabajado para la adecuada asistencia a los afectados y para eliminar los riesgos asociados al brote”, ha asegurado Carcedo.

Por otro lado, ha recordado que las comunidades autónomas tienen las competencias en materia de sanidad y tienen autonomía a la hora de ejercerlas. “Las comunidades autónomas son la autoridad competente para evaluar y dar el visto bueno al sistema de autocontrol de las empresas o establecimientos alimentarios”, ha señalado la ministra, en referencia al sistema de control sanitario al que estaba acogido Magrudis. “Los responsables de las empresas deberán aportar a la administración pruebas que evidencien el buen funcionamiento del mismo”, ha añadido.

“La calidad y oportunidad de la información que la Junta ha ido proporcionando a la red de alertas ha mejorado a lo largo de la crisis”, ha señalado.

Asimismo, la ministra ha reconocido que hay aspectos de la Ley General de Salud Pública pendientes de desarrollo. En ese sentido, ha avanzado que desde hace meses se está trabajando en un nuevo decreto de vigilancia en materia de Salud Pública. El objetivo es aumentar la calidad de las notificaciones de enfermedades de declaración obligatoria. Por ejemplo, la listeriosis. También busca agilizar la intervención de las administraciones sanitarias, entre otros aspectos.