El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón. La norma reconoce, en igualdad de condiciones, el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria de las personas con nacionalidad española y los extranjeros con residencia en el país. Es decir, con el Real Decreto-Ley, la titularidad del derecho a la atención sanitaria deja de depender de la condición de asegurado para pasar a depender de la condición de ciudadano.

De esta manera, los colectivos no autorizados ni registrados como residentes verán garantizado su derecho a la atención sanitaria en las mismas condiciones que un nacionalizado español. Este cambio de paradigma incluye en el modelo de atención sanitaria a los colectivos que quedaron excluidos del Real Decreto-Ley 16/2012, aprobado y ejecutado por el gobierno del Partido Popular.  

En estos grupos se enmarcan, por ejemplo, los pensionistas españoles no residentes en España, los trabajadores transfronterizos y desplazados, y todas aquellas personas que, sin tener residencia habitual en España tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en el país por cualquier otro título jurídico. Esta cobertura sanitaria no se extenderá en ningún caso fuera del territorio español.

Según informa el Ministerio, cada comunidad autónoma fijará el protocolo de solicitud y expedición de las certificaciones que acrediten la prestación asistencial al extranjero.  En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las Comunidades Autónomas.

Coste y sostenibilidad de Real Decreto-Ley

El Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social ha asegurado en una nota de prensa que la aplicación del Real Decreto-Ley no implicará un mayor coste para las arcas públicas. “La atención normalizada en Atención Primaria permite un mejor control de las enfermedades y de la salud pública, y evita descompensaciones en enfermedades que provocan atenciones urgentes y hospitalizaciones”, justifican. Además de la ganancia individual y colectiva, dicen, el Real Decreto-Ley “es menos gravoso para el sistema sanitario”.

En cualquier caso, para no comprometer la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud y evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, esta será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes que:

  1. No tienen la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía.
  2. No pueden exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia.
  3. No existirá un tercero obligado al pago.

“Una sociedad justa no deja a nadie atrás”

Durante su intervención en rueda de prensa, la ministra Carmen Montón ha recordado que “España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que sentirnos muy orgullosos y que hoy se fortalece recuperando el carácter universal” gracias al Real Decreto-Ley. “Esto implica alcanzar la meta marcada por el ministro Ernest Lluch con la Ley General de Sanidad de 1986, la norma que sentó las bases de uno de los pilares del estado del bienestar”, añade Montón.

La ministra ha enfatizado que lo esencial de este Real Decreto-Ley “y lo que justifica la urgencia de abordar la universalidad de la atención sanitaria”, es la mejora de la salud individual de las personas excluidas y de la salud colectiva de toda la población. “Una sociedad justa no deja a nadie atrás”, sentencia la ministra. Por último, se ha destacado que la redacción de la norma ha sido fruto de un intenso proceso de diálogo en el que han participado la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la Organización Mundial de la Salud y el  Defensor del Pueblo, así como sociedades científicas y civiles.