Los crímenes sanitarios han azotado de nuevo la actualidad con la detención de un grupo organizado dedicado a la producción y distribución de medicamentos falsos en Murcia y Alicante. Según informa la policía, las investigaciones se iniciaron a raíz de los datos obtenidos en una operación anterior, denominada “Pértiga", en la que se detuvo a 15 personas (exatletas olímpicos entre ellas), y se desarticuló una red que adquiría sustancias prohibidas en el deporte para aumentar el rendimiento físico.

Las informaciones analizadas sobre este nuevo caso de crímenes en el ámbito sanitario llevaron a la policía hasta Murcia, donde una persona había adquirido los restos de un laboratorio clandestino desmantelado a finales de 2015, en el marco de otra operación. Según informa la agencia EFE, tras numerosas pesquisas, los agentes lograron determinar que había una organización criminal dedicada a la distribución ilegal de medicamentos dañinos para la salud en la zona del levante español, principalmente en Alicante y Murcia.

"Los detenidos adquirían en China el principio activo para fabricar los medicamentos. Además, comprobamos que los fármacos eran distribuidos en los gimnasios del levante español y que contaban con la colaboración de 2 tiendas de nutrición, ubicadas en Orihuela y Alcantarilla, propiedad de 2 de los miembros de la organización", señala la policía.

Una vez identificados todos los miembros de esta red, los agentes pusieron fin a este caso de crímenes sanitarios con el arresto de 5 personas: 3 en Murcia capital, una en Alcantarilla y otra en Orihuela, donde realizaron nueve registros. En uno de esos registros, desarrollado en Murcia, encontraron un laboratorio con capacidad para producir más de 6.000.000 de medicamentos falsos anualmente, y donde se intervinieron más de 100 tipos diferentes de medicamentos dañinos, maquinaria para la producción de las sustancias, material de laboratorio y 10.000 euros en efectivo.

Tráfico de hipnóticos

Otro caso de la delincuencia en el ámbito sanitario es del tráfico de hipnóticos en Santa Cruz de Tenerife. La Guardia Civil anunció que investigaba a 2 médicos y a una empleada de farmacia en la isla por el uso irregular de más de 1.000 recetas médicas. Las recetas estaban ligadas a medicamentos que contenían un principio activo hipnótico. La Guardia Civil sostiene que los profesionales sanitarios se han lucrado con hasta 100 euros por cada prescripción ilegal.

Según indica el cuerpo de seguridad, este caso de corrupción sanitaria está ligado con la expedición de más de 1.000 recetas durante los 2 últimos años, todas ellas de medicamentos cuyo principio activo es el zolpidem. Las pesquisas se iniciaron después de que en julio de 2016 la Inspección de Farmacia del Servicio Canario de la Salud emitiese un informe relacionado con las excesivas prescripciones de los medicamentos que contenían el citado principio activo a una única paciente en Tenerife, susceptible muy probablemente de desviación a fines no terapéuticos.

El principio activo zolpidem es un medicamento sedante e hipnótico indicado en el tratamiento a corto plazo del insomnio en adultos, en situaciones en las que el insomnio debilita o causa ansiedad grave en el paciente.

La investigación determinó el crimen sanitario recae en un único especialista, que expidió casi todas las recetas públicas (más de 700). Se trata de un psiquiatra de la isla que dispone de consulta privada en la capital. La mayoría de las recetas iban dirigidas a una misma paciente.

Al indagar en las ventas de ese medicamento, se detectó la emisión de más de 1.000 recetas públicas y varios cientos de recetas privadas, además de un paquete de recetas falsificadas, todas ellas con el mismo principio activo. La Guardia Civil indica además que es destacable la actitud dolosa del médico psiquiatra que, tras haber detectado que estaba siendo investigado en fase inicial, optó por dejar de emitir recetas públicas que contenían el citado principio activo para continuar haciéndolo con las privadas.

También se demostró la participación en este crimen sanitario de una doctora de medicina general (ya retirada del ejercicio de la medicina) y una empleada de farmacia pues al parecer la doctora firmaba recetas en blanco a petición de la farmacéutica y esta las fotocopiaba antes de rellenarlas para así multiplicarlas, y después retiraba el medicamento de varias farmacias del área metropolitana.

La encargada de vender posteriormente las recetas o el medicamento era la empleada de farmacia, que obtenía así un beneficio económico aún no determinado. La investigación ha destapado también la permisividad de una farmacia en concreto que, conscientes del altísimo número de recetas del mismo medicamento que eran presentadas para su despacho, no emitió alerta alguna sobre el asunto.