La financiación pública de la eutanasia ha sido objeto del debate celebrado este martes en el Congreso de los Diputados. Según informa la agencia EFE, el Pleno del Congreso ha debatido sobre la tramitación de la proposición de ley del PSOE que busca regular la eutanasia en España, incluyendo este procedimiento en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, ha sido la encargada de defender un texto en el que su grupo propone la financiación pública de la eutanasia. Lastra ha dialogado con el resto de grupos para que la iniciativa salga adelante, según han explicado a EFE fuentes parlamentarias.

Un texto procedente del Parlamento de Cataluña para despenalizar la eutanasia ya fue tomado en consideración el pasado mes de mayo. “Lo lógico sería que la propuesta socialista saliese adelante y se tramite de forma conjunta con la iniciativa catalana”, han destacado estas mismas fuentes parlamentarias.

Cuando se votó la propuesta de Cataluña, todos los grupos se mostraron a favor excepto el PP y UPN. Ciudadanos se abstuvo ya que su líder, Albert Rivera, había presentado recientemente una proposición de ley sobre muerte digna que actualmente se está tramitando en el Congreso. La diputada socialista ha destacado que, según el CIS, “el 70% de los españoles está de acuerdo con regular la eutanasia”.

El texto del PSOE que defiende la financiación pública de la eutanasia establece que el derecho a esta práctica es el que tienen las personas que requieren cuidados paliativos por una enfermedad grave e incurable y también aquellas que deciden no vivir más en casos de discapacidad grave crónica y que padezcan un sufrimiento insoportable.

Tal y como señala la proposición de ley del PSOE, los solicitantes deberán tener la nacionalidad española o residencia legal en España y contar con la información sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación. Asimismo, deberán haber formulado la solicitud de manera voluntaria por escrito y firmarla en presencia de un profesional sanitario.

La solicitud será analizada en un periodo de 17 días por otro médico y finalmente se pondrá en conocimiento de la Comisión de Evaluación y Control. Dicho proceso no puede durar menos de 32 días, mientras que la solicitud podrá ser revocada en cualquier momento.