El Tribunal Constitucional español ha dejado sin sanidad a los extranjeros sin papeles tras anular el decreto ley de la comunidad valenciana que permitía a estos ciudadanos acceder al sistema público de salud. De esta forma, falla a favor del recurso que presentó el Gobierno central contra la norma regional.

Según informa la agencia EFE, el Decreto Ley 3/2015, de 24 de julio daba acceso a la sanidad pública a los extranjeros mayores de edad que lleven al menos 3 meses viviendo en algún municipio de la comunidad, con independencia de que tengan permiso de residencia o estén dados de alta en la Seguridad Social.

Por su parte, la norma estatal no permite acceder a las prestaciones a los extranjeros no registrados ni autorizados para residir en España de manera generalizada.

El Gobierno de España presentó un recurso ante el Constitucional en el que argumentaba que el decreto valenciano no seguía los criterios fijados en la ley estatal que regula las bases a partir de las cuales puede actuar el ejecutivo autonómico. El Alto Tribunal le da ahora la razón, al considerar que dicho decreto va más allá del “criterio de lo básico establecido en la norma estatal”

“Es una ampliación de la cobertura sanitaria (…) no contemplada por la normativa estatal, que (…) incluye entre los sujetos que tienen la condición de asegurados a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España”, apunta el Constitucional en su resolución.

La sentencia cuenta con un voto particular contrario al fallo emitido por los magistrados progresistas del Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón y María Luisa Balaguer Callejón; a este se suma el del magistrado Antonio Narváez.

Tal y como recoge la agencia DPA, la decisión llega días después de que el tribunal declarara también inconstitucional la norma vasca que extendía la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Desde que el Gobierno central retirara la cobertura a esa población, ha presentado recursos contra normativas similares aprobadas en regiones como Cataluña, Navarra o Aragón.

El presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, ha prometido mantener la “universalidad de la salud” en la comunidad pese al fallo del Constitucional. “Cualquier persona que entre en un hospital o un centro de salud de la comunidad valenciana va a ser atendida y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria”, ha afirmado.