Los grupos parlamentarios también han abogado porque el 092 (policía local) se pueda integrar al 112 “a largo plazo y de común acuerdo” con las administraciones. El Parlamento catalán ha aprobado otra moción a favor de que se eliminen la imposición de costes judiciales a las víctimas de accidentes médicos. Para evitar la judicialización, la moción insta a promover la mediación en accidentes de práctica médica y a trabajar para que los perjudicados sean equiparados, en derechos y asistencia, a otras víctimas de accidentes de otro tipo.

 El texto también pide al Gobierno de la Generalitat que adopte las medidas necesarias para que se aplique el plazo de prescripción de 3 años, como figura en el Código Civil Catalán para las acciones judiciales instadas por víctimas de accidentes médicos. El recurso también plantea que se modifique la ley para fijar en 3 años el plazo de prescripción para las reclamaciones de responsabilidad contra la Administración.

 La iniciativa, defendida por el diputado Carles Castillo, también aboga por realizar un estudio de viabilidad sobre la posibilidad de recuperar la gestión pública de todos los servicios de emergencias en un máximo de 2 años, que los trabajadores que prestan servicios telefónicos de este tipo tengan formación y consideración laboral específica, y que las empresas gestoras tengan experiencia en el sector.