La objeción de conciencia de los profesionales españoles frente a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no responde tanto a valores morales como a razones de prestigio profesional, según ha informado la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). La valoración de la entidad sobre la situación del IVE en España coincide con la difusión pública del Informe Anual de Aborto Provocado y los 7 años de implantación de la Ley de SSR e IVE.

“Realizar abortos es una práctica estigmatizada dentro de la profesión”, explica ACAI en una nota de prensa, “por tanto, la reflexión general es que, como médico, practicar la IVE no me va a sumar sino a restar proyección profesional y, en consecuencia, evito su práctica”. Según los expertos, los objetores de conciencia por trayectoria profesional han encontrado su aliado en el método farmacológico de IVE.

En este proceso, el clínico suministra las dosis correspondientes de mifepristona y misoprostol, pero es la mujer la que “prácticamente realiza por sí sola la IVE”, de manera que “la técnica supone una implicación mínima del personal médico y sanitario que no quiere cruzar su carrera profesional con la práctica sanitaria de aborto”, argumentan. Esta situación, informan, está provocando una expansión paulatina del método farmacológico en detrimento del instrumental, elegido aún por el 80% de las pacientes.

IVE farmacológica vs. instrumental

En este sentido, los profesionales de la ACAI advierten del peligro de imponer, limitar o generalizar uno de los 2 métodos sobre el otro. “La mujer debe decidir no solo si interrumpe su embarazo o no, sino el método con el que desea hacerlo de acuerdo con su situación médica y personal”, sin ceder, dicen, a injerencias como las de la industria farmacéutica. La IVE farmacológica es un método seguro si se realiza bajo supervisión y acompañamiento, pero la IVE quirúrgica también es una prestación sanitaria segura y gratuita, defienden.

Según el informe, en España la morbimortalidad de la IVE es casi nula; además, recuerdan, “la IVE no es una intervención privada, sino una prestación sanitaria incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y financiada públicamente”. A ella pueden acceder libremente todas las pacientes que desean interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Este grupo supone más del 90% del total de mujeres que se someten a IVE en España.

En este sentido, la ACAI ha destacado que el aborto provocado no está vinculado a mujeres sin empleo o sin formación académica. Aun así, admiten, la falta de centros especializados en algunas comunidades autónomas dificulta el acceso la IVE de las mujeres que superan las 14 semanas de gestación y sufren, casi siempre, algún tipo de patología fetal. En cualquier caso, y según las estadísticas, la IVE está disminuyendo en España (1.057 interrupciones menos) debido a:

  1. Movimientos migratorios.
  2. Envejecimiento de la población.
  3. Descenso de mujeres en edad reproductiva.
  4. Lenta mejora en los hábitos anticonceptivos.
  5. Uso de la anticoncepción de emergencia.

Por otro lado, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE ha presentado una serie de reivindicaciones en su nota de prensa:

  1. Garantizar un acceso real a la contracepción.
  2. Impulsar políticas preventivas en materia de educación sexual.
  3. Revocar la Ley 11/2015 de 21 de septiembre que obliga a las menores de 16 y 17 años a contar con la autorización de un tutor legal para acceder a la IVE. Según cálculos propios, hasta 400 menores estarían en una situación de inseguridad jurídica y física al no contar con dicha autorización.
  4. Debatir sobre la realización directa de la IVE en centros públicos, sin derivaciones; situación a la que aspiran “algunas fuerzas políticas y asociaciones feministas”.