Los inmigrantes irregulares podrán acceder a la sanidad en España en igualdad de condiciones que los españoles siempre que lleven empadronados un mínimo de 90 días o, en su defecto, que acrediten su situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales. Este es el acuerdo que alcanzaron el pasado jueves las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

En la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, consejeros y ministra han abordado los principios básicos de la normativa para recuperar la universalidad de la atención sanitaria. Según establece esta norma, los inmigrantes irregulares recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles, explica el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa.

La ministra Carmen Montón ha subrayado que “era una urgencia tratar la universalidad de la atención. 3 semanas después de llegar al ministerio ya contamos con una propuesta clara que nos permitirá ofrecer atención sanitaria a todas las personas”. En opinión de la ministra, esta “es una cuestión de decencia, pero también de salud individual y colectiva”.

La modificación de la normativa, explica el ministerio, desliga la cobertura del concepto de asegurado y la reorienta a la condición de ciudadanía española o residencia en España. Bastará con residir un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social para recibir atención sanitaria. Según Sanidad estas son las “garantías” que establecerá el real decreto para que no haya “agujeros negros ni abusos”.

Comisión mixta de seguimiento

Por otro lado, la ministra ha avanzado que se pondrá en marcha una comisión mixta para el seguimiento de la norma que da acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares. De ella formarán parte entidades representativas en defensa del derecho a la atención sanitaria universal, detalla Sanidad.

La ministra de Sanidad ha explicado que desde que se aprobara el Real Decreto 16/2012, las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes irregulares, pero lo han hecho de forma “no armónica y desigual”, por lo que “era necesario dar un paso adelante y construir de manera unitaria una solución”.

Carmen Montón ha recordado que este real decreto retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares (unos 840.000), de forma que se les excluyó de la atención primaria -excepto a menores y a embarazadas- y se limitó su asistencia a los servicios de urgencias. La ministra de Sanidad confía en poder implementar esta medida “lo más rápidamente posible” y ha dicho que quedaría derogado automáticamente lo anterior.