La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, recoge que los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas y establecía un plazo de 18 meses para su integración en el Sistema Nacional de Salud, aunque solo Cataluña y el País Vasco tienen la competencia.

El pasado mes de febrero, el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, ya dijo que la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas se llevaría a cabo en esta legislatura. Estas declaraciones por parte del subdirector tuvieron lugar en las jornadas sobre el VIH organizadas por la coordinadora estatal contra esta enfermedad, CESIDA. Su presidente, Juan Ramón Barrios, reconoció en aquel momento que se trata de “una muy buena noticia”, aunque manifestó que la recibía con cautela porque “llevan muchos años esperando este movimiento”.

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Relaciones Laborales de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, Carmen Hoyos, comentó a la agencia EFE que “el incumplimiento de las transferencias repercute en la asistencia que reciben las personas privadas de libertad, como el aislamiento informático. Desconocemos toda la historia clínica de cualquier enfermo al no tener acceso, además, el sistema de digitalización del historial médico es incompatible con los centros penitenciarios, excepto con los de Murcia y Madrid”.