El fiscal solicita una multa de 720 euros para la doctora, por lo que califica de una falta y pide que indemnice a los familiares del fallecido con 45.000 euros. Se da la circunstancia que la doctora en cuestión ya fue juzgada y absuelta por la muerte de un hermano de la víctima, Torcuato Hernández Saavedra, que murió de la misma patología también por un error de diagnóstico al no detectarle la anomalía cardiaca que le causó la muerte.

Según la acusación, los hechos se remontan a las 22:00 horas del 6 de junio de 2011, cuando Dolores Hernández acompañó a su hermano Manuel al Centro de Atención Primaria (CAP) de Palafrugell con fuertes dolores torácicos. Tras examinarle, el facultativo del CAP le derivó al Hospital de Palamós para que le hicieran las pruebas necesarias. En el hospital fue atendido por la doctora Josefina G., que le diagnosticó una epigastralgia y le dio el alta recetándole un analgésico y recomendándole una dieta.

La hermana del fallecido reconoció a la doctora como la que erró el diagnóstico con el otro hermano, le recordó los antecedentes cardiacos de su familia y le insistió que le hicieran más pruebas, ya que el enfermo, que sufría una disminución, tenía dificultades para explicar los síntomas que padecía, pero eran los mismos que su hermano difunto.

Según el escrito de acusación, a pesar que Dolores Hernández preguntó expresamente si descartaba de un aneurisma, la doctora mantuvo que solo se trataba de un problema de digestión tras hacerle una analítica, un electro y una radiografía de abdomen, que “no evidenciaron ninguna razón para los síntomas que presentaba el paciente”.

2 días después tuvo que volver al hospital por la persistencia de los síntomas, pero en aquella ocasión la doctora que les atendió le reconoció como familiar del otro paciente difunto. La otra doctora le hizo una anamnesis completa y pruebas diagnósticas que mostraron una disección aórtica tipo A, motivo por el que fue trasladado a Can Ruti, donde fue intervenido de urgencia y donde pereció 42 días después de resultas de la disección aórtica.

La familia considera que la tardanza en diagnóstico por culpa de la doctora Josefina G. fue el desencadenante de la muerte y por ello la acusación le atribuye un delito de homicidio imprudente en el marco de la mala praxis profesional. Además de la prisión y la inhabilitación, los familiares piden que indemnicen a la familia del fallecido con 110.000 euros.