Desde el día 25 de abril de 1986, momento en que se promulgó la ley, el sistema público de salud dejó de pertenecer únicamente a quienes tributaban a través de su renta laboral para extenderse a todos los ciudadanos, en lo que supuso la consolidación de la salud como un derecho básico de justicia social, gestión pública y acceso gratuito.

El homenajeado artículo 43 de la Constitución “reconoce el derecho a la protección de la salud”; establece la competencia de los poderes públicos para “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” y para “fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

La promoción de la salud, la educación sanitaria, la prevención, la asistencia, la rehabilitación funcional y la reinserción social son los pilares de “uno de los logros más importantes de la historia reciente de la democracia y de la sociedad española” según ha explicado hoy la propia Consejería de Sanidad en una nota de prensa. Además, la institución ha reiterado su compromiso para “renovar este sistema y los valores a los que responde”.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) y diversas sociedades de atención primaria han subrayado los éxitos de la Ley General de Sanidad, pero también han reclamado reformas para “evitar las inequidades autonómicas y conseguir la universalización de la atención".