En la reunión, se elaboró un documento conjunto firmado por las 19 organizaciones. El profesor César Nombela ha destacado que “la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se complace en reunir a un panel en el que sociedades médicas y asociaciones de pacientes analicen la situación actual en este campo, así como los criterios que han de inspirar las mejores prácticas en el manejo de estos medicamentos”.

El profesor subrayó el carácter innovador de los medicamentos biológicos, así como la aparición constante de nuevos tratamientos que requiere una evaluación continua de la eficacia y seguridad, criterios fundamentales para su prescripción, dispensación y empleo. “En esencia, las garantías se refieren al acceso a estos medicamentos en condiciones de igualdad territorial y adecuando la prescripción a cada caso”, señaló.

Los expertos señalan en el documento que no se debe imponer un tratamiento al margen del criterio clínico, que no se cambiará si funciona bien y que siempre se informará al paciente. Las garantías para los médicos implican, entre otras cuestiones, que se respete su decisión clínica y que esta no se vea afectada por circulares administrativas centradas en la reducción de costes poco sensibles a los resultados de los tratamientos.

El documento también pide a las administraciones sanitarias que les proporcionen la formación necesaria sobre uso de biológicos originales y biosimilares. Los médicos señalan una serie de garantías comunes para pacientes y médicos, entre las que destacan el ejercer reclamaciones conjuntas en caso de irregularidades o problemas, como la exigencia de una trazabilidad y farmacovigilancia estricta y que, para reducir precios y conseguir ahorros, se fomente la competencia entre biológicos originales y biosimilares.

Los encuentros han tenido lugar en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y han contado con la dirección de Julio Sánchez Fierro, abogado y experto en derecho sanitario. Por su parte, Jorge Fernández-Rúa, máster en Asuntos Públicos por el Instituto de Estudios Políticos de París (SciencesPo), ha coordinado las reuniones y la elaboración de propuestas.