Ley de eutanasia

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha trasladado su compromiso de dar un impulso definitivo a la ley de eutanasia. Así se lo ha hecho saber a los colectivos del sector sanitario con quienes se ha reunido. De hecho, según recoge la agencia EFE, el líder del ejecutivo ha hecho este anuncio en Twitter, donde ha señalado que en la pasada legislatura se recuperó la sanidad universal y se atendieron las necesidades más urgentes. Ahora desea retomar y darle el impulso definitivo a la ley de eutanasia en España.

En este sentido, la ley de eutanasia fue uno de los proyectos que quedó pendiente de aprobación en el Parlamento, debido al adelanto electoral. Por esta razón, el grupo socialista ha presentado una nueva iniciativa en el Congreso con el fin de sacarlo adelante. Además, la despenalización de la eutanasia es uno de los compromisos del programa electoral del PSOE. En la anterior legislatura, todos los grupos salvo el Partido Popular apoyaron la toma en consideración de la iniciativa.

Caso de María José Carrasco

Adoptar una nueva legislación sobre muerte digna se abrió paso en la agenda política de España después de que la Policía detuviera a Ángel Rodríguez, un hombre de 70 años, tras suministrar una sustancia letal a su esposa, María José Carrasco, de 62, que se encontraba en fase terminal tras más de 30 años padeciendo esclerosis múltiple.

El hombre registró en vídeo las últimas horas de vida de su esposa, quien reafirmó ante las cámaras su voluntad de morir. Actualmente, el hombre se encuentra en libertad. No obstante, está acusado de un delito de cooperación al suicidio, castigado con penas de 2 a 5 años de prisión. Además, podría sumarse un agravante por violencia de género, con un aumento de la pena de entre 2 y 3 años.

El caso conmocionó al país y el propio Pedro Sánchez se comprometió públicamente a otorgar un indulto a Ángel Hernández en caso de que sea condenado mientras él siga en el cargo. El fallecimiento María José Carrasco se produjo en abril de 2019, fecha en la que las Cortes Generales se encontraban disueltas después de que se agotara una legislatura en la que el Congreso fracasó a la hora de sacar adelante una ley de muerte digna aunque, teóricamente, una mayoría del órgano parlamentario estaba dispuesta a ello.

En la actualidad, tanto el suicidio asistido como la eutanasia están castigados en el Código Penal con penas de 2 a 5 años, en el primer caso y, de 6 a 10 años, en el segundo.