La Comunicad Madrid ha pagado 16 millones de euros a Cruz Roja en tres años por la sangre donada en la calle, universidades y centros de trabajo. El pago se ha efectuado dentro del marco del convenio firmado en 2013 entre la ONG y la consejería de Sanidad, por el que esta última dejó la recolección de sangre en manos de la organización, acordando el precio en 67 euros cada bolsa obtenida.

El convenio entró en vigor en enero de 2014 y cuenta con una duración de seis años. Cruz Roja consiguió 52.463 bolsas durante el primer año, por lo que recibió 3,5 millones de euros, 117.072 donaciones en 2015, lo que se tradujo en 7,8 millones de euros y, en lo que llevamos de 2016, ha recogido un total de 68.164 bolsas, que se valorarían en 4.500 millones de euros. Además, la ONG también ha recibido dos furgonetas y seis unidades móviles de parte de la Comunidad.

Los trabajadores públicos, enfurecidos

La Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (Adecetma), afirma que detrás del convenio entre Cruz Roja y la concejalía de Sanidad hay un negocio de privatización de las donaciones de sangre. “Cruz Roja recibe equipamiento, vehículos y pagos por parte de la Comunidad de Madrid mientras nosotros, que éramos los encargados públicos para recoger las donaciones, hemos sido recolocados y dispersados”, denuncian desde Adecetma.

Por su parte, Cruz Roja se defiende a través de su director gerente de la Unidad de Extracción de Sangre, Inaki Aguirre, quien asegura que no hay ninguna privatización, sino que se trata de una colaboración en la Comunidad de Madrid y una organización de carácter voluntario y de interés público como es Cruz Roja. “Adecetma intentan obtener donaciones de sangre en los hospitales y nosotros en la calle. No hay ningún negocio ni incumplimiento”, subraya Aguirre.

Adectema lleva dos años y medio de movilizaciones contra este convenio y el pasado 12 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el recurso interpuesto por la asociación al considerar a los trabajadores públicos como parte no interesada, ya que, según la resolución, no tienen legitimidad para recurrir el acuerdo. Adectema ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo y han iniciado una campaña de “crowfunding” para conseguir fondos y pagar los gastos judiciales.