Según ha informado la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la norma cuenta con el visto bueno de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA); todos los grupos representados en las Cortes y las comunidades autónomas han sido igualmente informadas antes de la aprobación.

La reforma se centra en la modificación del régimen sancionador en materia de dopaje, en el que se introducen 2 nuevas infracciones, la complicidad y la asociación prohibida, que persiguen “incrementar la presión sobre aquellos individuos del entorno del deportista que pueden conducirle a una errónea toma de decisiones”.

La complicidad queda definida como cualquier actividad consistente en asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de “complicidad intencional” en relación con una infracción de las normas antidopaje. La asociación prohibida, por su parte, se tipifica como el incumplimiento de la prohibición de recibir servicios profesionales de cualquier persona suspendida por algún tipo de infracción administrativa y penal.

Prescripción

La norma establece también el incremento del periodo de prescripción de la infracción de dopaje de 8 a 10 años; esto conlleva, además, el aumento del periodo de conservación de las muestras de controles de dopaje para su posible reanálisis.

De la misma manera, se intensifica el deber del deportista de informar sobre su localización y se tipifica como infracción grave faltar a estas obligaciones 3 veces en un plazo de 12 meses (antes, 18 meses); el plazo comenzará a computar desde el primer día del incumplimiento.

Sanciones

Esta actualización implica también el endurecimiento de las sanciones estándar por presencia, uso o posesión de sustancias y métodos prohibidos en el deporte al pasar de dos años a cuatro años de inhabilitación. Por otra parte, la posibilidad de ser sancionado por infracciones de la normativa antidopaje ya no queda acotada en exclusiva a los deportistas, sino que se extiende a todos los colectivos incluidos en el ámbito de aplicación de las obligaciones en materia de dopaje: médicos, clubes, directivos, etcétera.

Del mismo modo, se completa la regulación sobre los criterios y circunstancias modificativas de la responsabilidad con la inclusión de la confesión inmediata como una de esas circunstancias. Esto favorece la colaboración de aquellos deportistas implicados en casos de dopaje en la reparación del daño causado a su deporte y en el descubrimiento y sanción de los últimos responsables de su dopaje.

Por otro lado, en cumplimiento con las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje, el Real Decreto Ley reubica las competencias en materia de salud en el deporte en el Consejo Superior de Deportes con el objetivo de reforzar la autonomía e independencia de la AEPSAD. El texto está vigente desde el pasado domingo.