“Según nuestro estudio, los exconvictos recientemente liberados podrían beneficiarse de la distribución de naloxona desde sus servicios de Atención Primaria”, matiza Elizabeth Van Nostrand, profesora asociada en el Pitt’s Graduate School of Public Health, "un servicio gratuito al que también podrían acogerse familiares y amigos de los pacientes". 

Asimismo, el documento defiende la mejora del registro de la información relativa a los casos de sobredosis. Estas iniciativas se han presentado recientemente en el Departamento de Salud del Condado de Allegheny en Pensilvania (Estados Unidos).

Según ha explicado Van Nostrand, “las muertes relacionadas con el consumo de heroína se han triplicado en la última década”. “Por este motivo es tan importante el desarrollo progresivo de una política sanitaria para evitar estos episodios”, ha añadido.

“Nuestros recursos son limitados por eso es imprescindible destinarlos de forma adecuada y eficiente, es decir, en elaborar una buena estrategia política”, ha subrayado.

El protocolo desarrollado por la Universidad de Pittsburgh ha contado con la colaboración de la Robert Wood Johnson Foundation y se centra en 3 grupos de riesgo: veteranos, presos y niños en edad escolar. Consta de 5 recomendaciones. Por un lado, insta a ofrecer naxolona y formación sobre su uso a los presos que presenten un historial de abuso de opiáceos. Asimismo, considera necesario garantizar un tratamiento guiado a los presos que tienen trastornos relacionados con el consumo de opiáceos, así como colaborar con el Departamento de Salud del Condado de Allegheny para proveer naxolona a los veteranos y sus familiares.

Desarrollar un programa formativo a gran escala sobre el uso de la naxolona y ampliar las iniciativas de intercambio de datos con la comunidad y asociados gubernamentales, así como las bases de datos públicas relativas a la epidemia de opiáceos, es otra de las recomendaciones que destaca la universidad.