Las leyes de muerte digna garantizan el derecho al pudor, “cuidado poquísimo” en la Sanidad española. Así lo asegura el experto en derecho sanitario Sergio Gallego, que ha analizado estas normas en una ponencia durante el 38.º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

De acuerdo con el coordinador de Responsabilidad Patrimonial y del Registro de Instrucciones Previas de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, la legislación española garantizaba la autonomía del paciente y fijaba los supuestos concretos en los que un representante tomaba decisiones sobre cómo abordar los cuidados al final de la vida.

En ese sentido, ha explicado que generalmente se utilizan 3 teorías en esos supuestos:

  1. La subjetiva, por la que el representante decide en función de sus propios principios.
  2. La sustitutoria, por la que el representante decide lo que cree que querría el paciente, bien porque hay testimonio de voluntad anticipada, bien a través de representación hipotética.
  3. La del mayor beneficio, por la que se busca beneficiar lo más posible al paciente.

Esta última es la que se venía usando en España, hasta que en 2015 se modificó la Ley de la infancia y la adolescencia, introduciendo un epígrafe de acuerdo con el cual la decisión debe adoptarse siempre en beneficio de la vida y la salud. A raíz de esa modificación, cambió la percepción de Gallego de las leyes de muerte digna.

“Ahora me parecen muy interesantes, para que a nadie se le ocurra aplicar ese punto de la ley”, ha señalado el doctor en Medicina y licenciado en Derecho.

Según el experto, las leyes de muerte digna reflejan deberes “correlativos con derechos” e introducen garantías para los pacientes y los profesionales sanitarios. Entre esas garantías para los enfermos, está el derecho a la intimidad, entendiendo este no solo como el derecho a la protección de datos, sino también como el derecho a la intimidad corporal o derecho al pudor.

“El derecho al pudor se cuida poquísimo en la Sanidad española”, ha asegurado Gallego, que ha criticado el uso del típico camisón abierto por la espalda para pacientes no encamados. “Estas leyes garantizan el derecho al pudor”, ha incidido el especialista, para quien la principal novedad de las leyes de muerte digna es la introducción de la obligación de respetar las instrucciones previas.

Estas instrucciones previas, también conocidas como testamento vital, resuelven el conflicto al que se enfrentan a menudo geriatras, intensivistas, internistas o especialistas en paliativos a la hora de determinar quién decide sobre la situación de un paciente que no está en condiciones de decidir por sí mismo.

A pesar de los beneficios que, en opinión del experto, reporta, la tasa media de testamento vital en España no llega a 5 por cada 1.000 habitantes. “Parece que hay una profunda demanda social, pero hay 3 países que legislan la muerte digna. Algo pasa”, ha concluido el especialista en derecho sanitario.