Estas medidas llegan en respuesta al escándalo que estalló en marzo cuando se descubrió la venta de vacunas almacenadas deficientemente o caducadas a pacientes de todo el país. El material con el que se traficó estaba valorado en millones de dólares. A consecuencia de esto, la Comisión Nacional de Salud y Planificación familiar, revisó la normativa de supervisión sanitaria para mejorar la gestión de vacunas, y exigió al gobierno que realizara inspecciones de los registros de compras, almacenaje y transporte de estos materiales.

Después del escándalo, el gobierno de la república asiática ha tomado una serie de medidas para solucionar los vacíos legales en la distribución de vacunas, como la prohibición a los vendedores mayoristas y la reforma de los canales de distribución de las no obligatorias, y ha prometido garantizar el comercio legal de las vacunas y en tomar medidas legales contra aquellos que sean descubiertos traficando o comprando material que no esté registrado debidamente.

El gobierno intenta también de esta manera recuperar la confianza en su sanidad, ya que, según reportajes extranjeros, los ciudadanos chinos se muestran descontentos con este órgano. Se calcula que este último año 300 proveedores en 24 provincias del país han comprado o vendido vacunas que no han pasado los controles gubernamentales. Según datos de la Administración China para la Alimentación y los Medicamente, la trama implicó hasta 19 clínicas.