La subasta andaluza se implementó mediante un decreto-ley que modificó la ley de Farmacia de Andalucía, del 2007, y estableció un sistema de puja entre laboratorios, que fue recurrido en varias ocasiones por el Gobierno del PP. El Tribunal Constitucional avala este sistema. Monserrat afirma que respeta y acata la sentencia, pero que no comparte la decisión de la institución porque, a su juicio, el modelo de compra centralizada actual es mejor que la subasta.

Ha declarado que la subasta no puede suponer “avance alguno” para el SNS, ni tampoco para los pacientes “pues se ven privados de los tratamientos prescritos u obligados" a entrar en listas de espera por el desabastecimiento de los medicamentos. La ministra señala que las farmacias también se perjudican con este sistema, ya que “han perdido hasta un 20% de ventas entre 2013 y 2016”.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha respondido a la ministra con una nota en la que señala que “la nueva responsable de Sanidad muestra una absoluta irresponsabilidad y profundo desconocimiento al cuestionar la calidad de los fármacos de la selección pública de medicamentos, ya que todos los fármacos que se dispensan en España son autorizados por la Agencia Española de Medicamentos, dependiente del departamento ministerial que ella misma dirige”.

El gobierno andaluz subraya que su política farmacéutica sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que promueve y defiende la prescripción por principio activo, frente a la prescripción por marcas comerciales determinadas. La Junta puntualiza que “el Partido Popular vuelve a ponerse de lado de la industria farmacéutica, y que se preocupa más por la cuenta de resultados de estas empresas y olvida que es el Gobierno el que impuso el copago farmacéutico”.