La modificación de la incapacitación judicial ha sido objeto de debate en el XXVII Congreso Nacional de Psiquiatría Legal celebrado en Bilbao recientemente. Según informa la Sociedad Española de Psiquiatría Legal en una nota de prensa, el anteproyecto de ley del Gobierno propone eliminar la incapacitación judicial a las personas con discapacidad intelectual y física.

Esta modificación de la incapacitación judicial presupone que estas personas pueden tomar decisiones, cuando en realidad, explican los psiquiatras, todo este colectivo no tendrá facultades para hacerlo, de tal forma que pueden encontrarse desprotegidos y verse excluidos de la sociedad.

Tal y como han puesto de manifiesto los especialistas reunidos en este encuentro, la Psiquiatría Legal apuesta por asegurar la protección de estas personas para que no queden abandonadas al tratar de darles demasiada libertad. El anteproyecto de ley que modifica la incapacidad judicial trata de limitar lo mínimo la restricción de los derechos básicos de las personas con discapacidad física e intelectual.

Esta norma busca sustituir al tutor en la toma de decisiones jurídicas por un modelo de apoyo para tomar decisiones. Blanca Morera Pérez, especialista en Bioética Clínica y Psiquiatría Legal, ha abordado la incapacitación judicial desde los aspectos jurídicos y la práctica pericial. Tal y como ha resumido, el Gobierno ha dado los primeros pasos a la reforma legal que elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual y física.

Frente al modelo actual, se propone un sistema de apoyo con el que las personas con discapacidad tendrán otras personas que les ayuden a tomar decisiones, pero estos apoyos no van a poder tomar decisiones, destaca la nota de prensa. El objetivo es procurar que las personas que tengan una discapacidad sigan tomando decisiones hasta donde sea posible.

Durante este congreso se ha advertido de que el problema puede aparecer si no se lleva a cabo la reforma con el cuidado debido, ya que puede haber una sociedad de 2 velocidades: una velocidad con unas personas que con algún apoyo funcionan bien y un grupo de personas a las que con esta nueva normativa se les presupone que pueden tomar decisiones y en realidad no pueden, afirma la sociedad científica en la nota de prensa.

Pese a ello, los psiquiatras reconocen que la modificación de la incapacidad judicial es una buena medida, pero no hay que pasarse de frenada porque se corre el riesgo de dejar de lado a un grupo de pacientes. En opinión de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, se necesitarán medios y formación para poder hacerlo de forma correcta con garantías para estas personas.