La directora asegura que para grupos de riesgo no hay ningún problema, puesto que “las dosis están garantizadas y todas las comunidades tienen suficientes para cubrir esas necesidades”. Andradas ha explicado que la compañía que suministra esta vacuna ha informado de que ha habido un problema de producción, pero ha asegurado que “en poco tiempo el suministro se restablecerá a nivel de las oficinas de farmacia”.
En cuanto a la vacuna de la tosferina, ha declarado que el suministro se ha normalizado durante este año, y que las comunidades van a poder rescatar a los niños a los que en 2015 y 2016 no se pudo vacunar, porque se dio prioridad a las embarazadas. También ha habido un problema de suministro de la vacuna del tétanos, algo en lo que el Ministerio “ha trabajado muy intensamente”, ha dicho Andradas, quien ha confirmado que el problema está ya resuelto y se han importado de otros países dosis suficientes para poder mantener los programas de vacunación.
Estas vacunas compradas en el extranjero se empiezan a recibir desde este mes de marzo en cantidad suficiente como para poder restablecer el calendario de vacunación en los adolescentes, ha precisado Andradas. En su comparecencia, a petición de Unidos Podemos, ha anunciado que se trabaja en la adaptación de una red de hospitales para el tratamiento del ébola, con el fin de que sea capaz de tratar cualquier enfermedad infecciosa de alto riesgo que requiera el aislamiento de pacientes.
Andradas ha manifestado que hay evidencia científica sobre el cribado prenatal de inmunodeficiencias severas, y ha informado de que la red de evaluación de tecnologías sanitarias está ya estudiando el coste-efectividad de esta posible prestación, que podría entrar "perfectamente" dentro de la cartera común de servicios si los resultados son positivos.
En una comparecencia anterior, Rosana Peiró ha presentado el informe Sespas 2016, que señala la urgencia de contar con un marco financiero estable, repensar el modelo de copago y reforzar los servicios de salud de los ayuntamientos devolviéndoles las atribuciones que eliminó la Ley de régimen local. Con respecto a la transparencia, los autores abogan por que los datos que se recogen desde los servicios públicos sean públicos y la gente los pueda conocer.
