Los productos ortoprotésicos serán financiados por las autonomías

Las comunidades autónomas financiarán casi la totalidad de los productos ortoprotésicos. Todos aquellos que se incluyen en el nuevo catálogo común publicado por Sanidad en una orden ministerial. La agencia EFE recalca que se añaden 48 nuevos tipos de productos. Además, se amplían las indicaciones de algunos ya existentes. Entre ellos se incluyen varios tipos de sillas de ruedas, chasis, férulas, corsés, andadores, cojines antiescaras y para prevenir úlceras por presión. Recuerdan que el catálogo no se había actualizado desde los años 90. Por lo tanto, toda la innovación de estos artículos no había estado sujeto a financiación.

En este sentido, la ministra del ramo, María Luisa Carcedo, lo ha anunciado tras reunirse con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y asociaciones de pacientes en un encuentro en el que ha precisado que la norma, en la que se definen los importes máximos de financiación de las autonomías para cada producto entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Financiación de los productos

Hasta ahora, cada autonomía financiaba los productos de distinta forma. Ahora lo que se hace es igualar lo que se financia por parte de las administraciones sanitarias al coste real que tiene los productos en el mercado.  Esos importes máximos se adecuarán a la realidad del mercado. Se hará de tal forma que puedan financiarse totalmente por parte de las comunidades autónomas. Por lo tanto, sin que los usuarios tengan que abonar cantidades adicionales, como ocurría en muchas ocasiones hasta ahora.

Por esta razón, los usuarios solo tendrán que abonar la aportación fija. Está establecida desde 2006 para cada producto y oscila entre lo gratuito, los 12 y los 36 euros. Patricia Lacruz, directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha puesto un ejemplo: si una silla de ruedas cuesta 3000 euros y el importe máximo de una comunidad es 1000, aparte de la aportación fija, esa diferencia desde los 1000 hasta los 3000 los tiene que hacer el usuario.

Por otro lado, a partir de entrada en vigor de la norma, subirán los importes que financian las comunidades. El objetivo es que esa diferencia sea nula o mínima y el usuario no tendrá que abonar prácticamente nada. Además, la norma contempla la posibilidad de que el usuario no tenga que adelantar el importe de los productos cuando se trate de personas con escasos recursos económicos o de productos de elevado importante.