El Tribunal Constitucional avala esta reforma ya que, entre otros puntos, sostiene que la universalidad de la sanidad no implica que las prestaciones y servicios sanitarias deban de ser necesariamente gratuitos. Aunque reconoce que la reforma supuso un giro en la anterior política sanitaria que, desde que se creó el SNS, iba encaminada hacia una progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada. Desde el órgano señalan que la universalización ha sido más bien un objetivo y, su consecución, ha dependido de distintas circunstancias entre las que ocupan un lugar destacado las económicas.

Las ONG lamentan que el alto tribunal “ignore” los tratados internacionales y sostienen que consagra una visión regresiva sin suficiente justificación sobre el derecho a la salud en España. Según las organizaciones, los criterios del Tribunal Constitucional, deben de respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados a los que España se ha adherido. En este sentido, apuntan a que cualquier medida regresiva debe ser temporal, estrictamente necesaria, proporcionada, nunca discriminatoria y capaz de identificar y proteger el derecho a la salud.

Según informa EFE, las organizaciones no gubernamentales subrayan también que más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española de "novedad lamentable" o "contraria al principio de no discriminación", al tiempo que han instado a España al restablecimiento de la universalidad del derecho a la salud. “Los contextos de crisis económica no debería de rebajar ni eliminar las obligaciones de derechos humanos de un estado”, señalan las ONG.